ABC de la revocatoria a Peñalosa

Blogger Andrés Camacho
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Por Andrés Camacho * 

Peñalosa representa el modelo de ciudad contrario a los derechos ciudadanos, su modelo de desarrollo urbano representa a constructores y especuladores del suelo, busca imponer un modelo de ciudad excluyente, orientado a los negocios, la generación de rentas del suelo para particulares, la inversión de capital y la obtención de utilidades económicas privadas. Las medidas económicas iniciadas para cubrir el déficit presupuestal del Plan de Desarrollo han implicado el recorte del gasto público social, el despido de miles de trabajadores, la venta de las empresas de servicios públicos, el endeudamiento de la ciudad con la banca mundial, aumento de la carga de impuestos a los ciudadanos sumado a sus estrategias de asociación público-privada que benefician a los particulares en cada uno de los proyectos de inversión y gestión en la ciudad.

Como si fuera poco mintió sobre sus títulos y luego mintió a los ciudadanos con su Plan de Desarrollo, desconoció la voz, la participación y el concepto de los ciudadanos tal como ocurrió con el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), organismo que fue irrespetado al punto de presentarle un Plan  de Desarrollo diferente al que luego presentó para la aprobación en el Concejo de Bogotá. Su saña en contra de la naturaleza es otro de los factores que preocupa a la ciudadanía, la urbanización de la Reserva Thomas Van Der Hammen, la aprobación de un proyecto urbanistico en el Bosque Bavaria lo cual implicará la tala  de 3.500 árboles, así como la ampliación de 500 héctareas para proyectos urbanisticos en los Cerros Orientales o riesgo inminente en el que se encuentra la Reserva Cerro Seco en el sur de Bogotá, son algunos de los casos que demuestran la concepción depredadora y antiecológica de está administración.

Estas son solo algunas de las razones que han llevado a la ciudadanía a hacer uso del derecho consagrado en la constitución llamado REVOCATORIA. La carta Política estableció los mecanismos de participación ciudadana como una facultad de interacción política en la vida democrática, dentro de estos mecanismos se creó la Revocatoria del mandato, la cual está reglamentada mediante las leyes 131 y 134 de 1994, leyes que a su vez fueron modificadas recientemente a través de la Ley 1757 de 2015, la cual disminuyó el porcentaje de firmas mínimo para presentar una revocatoria, el umbral requerido para la validez del mecanismo y la mayoría mínima para que la revocatoria sea aprobada factores  determinantes para que la revocatoria prospere, esto dado que nunca, nunca ha prosperado esta herramienta de participación ciudadana en el país.

Es así como surge, acogiendo la reglamentación vigente, el Comité de Revocatoria al Mandato de Enrique Peñalosa Unidos Revocamos a Peñalosa. Nuestro comité presentó en enero solicitud formal ante la Registraduría del formulario para la recolección de firmas o apoyos requeridos para convocar al proceso revocatorio, dicha solicitud estuvo acompañada de los requisitos necesarios, entre ellos la exposición de motivos, que según establece la ley puede tener dos motivaciones, la insatisfacción general de la ciudadanía o el incumplimiento del programa de gobierno del mandatario elegido. Dichos requisitos fueron revisados y avalados por la registraduría, de tal suerte que el comité Unidos Revocamos a Peñalosa obtuvo el formulario para la recolección de firmas. El proceso de recolección de apoyos ciudadanos, firmas, se llevó a cabo entre Febrero y Mayo, exactamente el 2 de Mayo fueron entregadas a la Registraduría más de 700 mil firmas de apoyo al proceso de revocatoria al mandato de Enrique Peñalosa, este resultado en tiempo récord sumado al histórico nivel de desaprobación de Peñalosa, casi 90% de desaprobación de su gestión según las últimas encuestas, son algunos de los aspectos que tienen preocupado al señor alcalde, este es un proceso con posibilidades reales. El resultado de la revisión arrojó que 473.700 firmas son válidas, es decir casi el doble de las necesarias para convocar la revocatoria.

El éxito en el proceso de recolección de firmas y la histórica desaprobación al mandato de Peñalosa los llevaron a plantear otra salida, o mejor un salvavidas para esta administración. El Consejo Nacional Electoral con el enérgico y curioso liderazgo (para este tema), de su presidente Alexander Vega Rocha  solicitó a la Registraduría, supuestamente motivados por la Federación Nacional de Municipios (solicitud que nunca se conoció públicamente), los datos de los comités inscritos y aceptados y “las motivaciones que se presentaron para hacer cada una de las solicitudes”. Para el tribunal electoral se podría estar configurando un mal uso, por parte de algunos ciudadanos, de la figura de la revocatoria. Es aquí donde arranca la batalla jurídica, en primer lugar porque desde el comité hemos evidenciado y argumentado que el CNE no tiene competencia para dicha revisión, mucho menos para modificar los requisitos establecidos por la ley en medio de este proceso que ya está en curso, sin embargo los intereses y relaciones de poder que se mueven en el CNE han llevado a que embolaten por más de dos meses la revocatoria.

Esta batalla jurídica empezó el 17 de Mayo con la convocatoria, a solicitud nuestra, de una Audiencia Pública por parte del CNE para analizar los procesos revocatorios en el país, en dicha audiencia se presentaron los conceptos de diferentes juristas, de la Misión de Observación Electoral MOE, de la Procuraduría entre otros, estos organismos llamaron la atención sobre la inconveniencia de reformar o modificar las condiciones de la revocatoria en plena marcha del proceso, el CNE acogió la propuesta de la Procuraduría de analizar de manera individual cada proceso revocatorio. Pese a varios intentos de tumbar la revocatoria en Bogotá, jurídica y políticamente les ha sido imposible, así que acudieron a la revisión contable del comité en busca del algún error, de manera rimbombante presentaron públicamente unas observaciones a la contabilidad como una gran derrota a la revocatoria, las observaciones fueron subsanadas y por allí tampoco pudieron. Hasta el momento y pese a que seguimos sosteniendo que el CNE no tiene competencias para dicha revisión, ningún proceso revocatorio en el país ha sido cancelado o suspendido, sin embargo, de los 6 procesos que han ido a las urnas, ninguno ha logrado superar el umbral, otro de los obstaculos de un proceso de revocatoria. 

El otro frente de la batalla jurídica se ha llevado a cabo con el propio alcalde Peñalosa, quien a pesar de haber asegurado en medios de comunicación que no le preocupa la revocatoria y que no haría nada para interponerse en el proceso, nombró al jurista Humberto Sierra Porto como su apoderado para ejercer su defensa, los argumentos del abogado son:

• Solicitar a las autoridades electorales es que se le reconozca el derecho de defensa al alcalde Enrique Peñalosa y que haya una mínima revisión de las causales que justifican la revocatoria. Es decir, la revisión de la exposición de motivos.

• Revisión exhaustiva de las firmas válidas presentadas por el comité Unidos Revocamos a Peñalosa.

Frente al primer argumento de la legítima defensa, Sierra Porto interpuso una tutela con la cual buscaban garantizar dicho derecho fundamental, además de la revisión de la exposición de motivos. Pues bien, les salió el tiro por la culata, el 1 de agosto de 2017 la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de fondo sobre la tutela y ha dejado en firme la Revocatoria. En el texto se argumenta que el modelo de revocatoria es una figura invaluable en la Constitución que debe prevalecer, y que es un derecho de la ciudadanía. Además dice que en la regla no se había dejado claro que tuviera que demostrar fácticamente las violaciones, y que con las argumentaciones básicas que expresen “la inconformidad con la gestión del mandatario” es suficiente, resalta el fallo de la corte que la revocatoria es una herramienta de control político por parte de la ciudadanía y que no existe norma alguna que obligue a los ciudadanos promotores de dicho mecanismo a anexar las pruebas sobre la inconformidad ciudadana, así que se la acaba el oxigeno a Peñalosa en el CNE.

Por otra parte frente a la revisión de las firmas, la Registraduría aclaró a la defensa de Enrique Peñalosa que dicho procedimiento se llevó a cabo en dos fases: a) Verificación de la cédula para que esta corresponda al censo electoral y que no tenga cancelación por muerte y b) Revisión grafológica para descartar que una persona firmó más de una vez, sin embargo Sierra Porto radicó objeciones en la Registraduría con el objetivo de solicitar una nueva revisión de las firmas, dicha revisión se hará con un equipo de grafólogos y peritos escogidos por el equipo de Peñalosa y Sierra Porto, y serán supervisados por la Registraduría. Estamos seguros que la revisión va a garantizar nuevamente la valides de las firmas presentadas, así que lo único que preocupa es el tiempo y la dilatación que busca la defensa de Peñalosa intentando dar tiempo para mejorar las condiciones en las que tendrán que enfrentar este proceso revocatorio.

Entonces, después de superados todos estos obstáculos nos encontramos en la recta final para que sea convocado el proceso de Revocatoria a Enrique Peñalosa, tendremos que superar un último obstáculo, superar 1´200.000 votos requeridos como umbral, tendremos que enfrentar una campaña desigual pero justa para salvar a Bogotá, tenemos la oportunidad de dar una lección a los malos gobernantes, marcar un hito en la historia y por primera vez en nuestra vida republicana hacer uso de la revocatoria y ganar.

*Andrés Camacho es Máster en Energías Renovables, Ingeniero y Licenciado en Física. Fue Secretario General de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU- y es vocero de la Marcha Patriótica Bogotá.

 

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Fuente de la imagen: http://www.semana.com/nacion/articulo/revocatoria-a-penalosa-registraduria-valida-473700-firmas/529182