Desarrollo Rural Integral: ¡la participación es el camino!

Blogger Andres Gil
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Examinando el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc-EP, podemos deducir que la democracia participativa es concebida como escenario para la construcción de un destino común sobre los principios del respeto, la verdad, el perdón y la reconciliación, un primer paso hacia el reconocimiento de diversas identidades culturales, visiones políticas y perspectivas de desarrollo.

Por: Andrés Gil *

El acuerdo establece los campos de participación, que en relación con el desarrollo rural define tres dimensiones de participación: 1) Planeación participativa, 2) Control social, y 3) Reconciliación y convivencia.

Estos espacios en su orden están orientados, el primero, a la concertación entre actores y la toma de decisiones, lo que permitiría alinear las potencialidades con las propuestas que resultarían excepcionalmente legitimas. El segundo, a desarrollar y consolidar la vocación colectiva y comunitaria y la cultura de transparencia  y rendición pública de cuentas. El tercero, se propone reconocer y desarrollar las capacidades comunitarias para la resolución de conflictos y la construcción de  cultura de respeto, tolerancia y reconciliación. En conjunto los tres espacios convergen hacia el fortalecimiento de la democracia local.  

Así mismo, el acuerdo contempla los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, como palancas de la transformación de los territorios con énfasis en el desarrollo rural, estructurados a partir de los espacios de participación que hemos destacado. Preocupa la concepción institucional predominante hasta ahora, que concibe los PDET, a contravía del acuerdo, como un banco de proyectos, en cuya estructuración las comunidades se limitan pasivamente a la confección de listados de necesidades, socavando la oportunidad histórica de consolidar la democracia local y avanzar hacia un desarrollo territorial equitativo.

Afirmamos esto porque en los últimos meses el Gobierno ha realizado en forma unilateral una socialización y lanzamiento de los PDET en los territorios sin tener aún un procedimiento reglado para su diseño e implementación. La ausencia de reglamentación nos somete a riesgos como la falta de claridad y control sobre los roles institucionales y demás sujetos territoriales, la burocratización de la Agencia de Renovación del Territorio ART, el avance del clientelismo, una escasa coordinación en los niveles central y territorial, así como la operatividad y concurrencia presupuestal. Estos riesgos aumentan en medio del desconocimiento de los entes territoriales frente al desarrollo de los PDET que hemos podido evidenciar.

A la luz del acuerdo para la puesta en marcha de los PDET es necesaria la elaboración de manera participativa de un plan de acción para la transformación regional, que incluya todos los niveles de ordenamiento territorial, en concertación con autoridades locales y comunidades, centrados en un enfoque territorial, determinado por la participación.

En consecuencia, no se debe soslayar la participación de las comunidades en las asambleas comunitarias, en las comisiones locales de planeación participativa, en comisiones municipales de planeación participativa,  y en los consejos asesores territoriales para elaborar pactos en los que se consideren las necesidades, las acciones y las metas claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las condiciones de vida y de producción de los territorios. Es indispensable la participación de las comunidades en los consejos municipales de evaluación y seguimiento como espacios para que ejerzan control y veeduría a las acciones en relación con el espíritu de lo pactado en el plan de acción para la transformación regional.

En nuestra opinión, aún con la ausencia de reglamentación,  el proceso de elección de los delegados en las asambleas comunitarias para conformar una comisión municipal y de esta una comisión subregional por cada PDET, convocadas  por la ART para la última semana de agosto y las dos primeras semanas de septiembre, es la oportunidad para que las comunidades de los 170 municipios, las 11.000 veredas, los 1.630 núcleos veredales de participación, los 305 consejos comunitarios, los 452 resguardos indígenas, las 6 zonas reserva campesina, elegidos como zona PDET, le muestren al Gobierno nacional su capacidad porque definitivamente:  ¡La participación es el camino!

Las organizaciones sociales y comunitarias de estos territorios deben ser plenamente conscientes que, en estos momentos, se abre la posibilidad de marcar la senda para hacer de la participación el camino que conduzca el desarrollo rural, con enfoque territorial, definitivamente: ¡la participación es el camino!