“El Congreso es incapaz de reconocer el significado del acuerdo de paz”

Paz
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Un balance paupérrimo deja la implementación normativa de lo pactado en La Habana. Gestión parlamentaria no ha estado a la altura del momento

 

En la cuenta regresiva para la finalización del procedimiento legislativo especial o “fast track”, el balance de lo hecho por el Congreso es preocupante. A un año de la firma del acuerdo de paz, y tras doce meses de implementación normativa, sólo algunas pocas leyes son las que están en firme, lo que genera alarmas por la suerte de lo pactado. 

 

Dentro de los diversos actos legislativos, leyes estatutarias y leyes ordinarias que debían surtirse por el “fast track” en este periodo, son apenas ocho proyectos los que han salido adelante. Otros se empantanaron en los escritorios del parlamento, están a punto de hundirse por el agotamiento del tiempo o han visto desvirtuado el sentido de lo originalmente acordado.

 

“La historia juzgará la poca estatura del Congreso. Manifiesta incapacidad para reconocer el significado del acuerdo de paz”, expresó sobre esta situación el profesor Jairo Estrada, quien desde la agrupación ciudadana Voces de Paz ha ejercido veeduría a la implementación normativa.

 

Dentro de las normas que prosperaron se destacan la Ley de Amnistía (que sin embargo sigue sin aplicarse cabalmente), la reincorporación política de las FARC, el blindaje jurídico del acuerdo de paz, la norma marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (modificada en algunos puntos por la Corte Constitucional) y el Estatuto de la Oposición (un mandato de la Constitución de 1991).

 

La mayor parte de ellas referidas a la implementación del propio acuerdo. Sin embargo, el grueso de leyes para aplicar las diferentes reformas convenidas no se tramitaron. Las circunscripciones de paz aún tienen pendiente la conciliación. La reforma política está en el limbo y su contenido original fue desvirtuado. Y ningún proyecto de la reforma rural integral se cursó, así como tampoco de los referidos a la solución del problema de las drogas ilícitas.

 

Capítulo aparte merece el punto sobre Víctimas. El Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, considerado la columna vertebral del acuerdo, ha padecido alteraciones sustanciales que atentan contra el sentido de lo pactado.

 

Por una parte, la Corte Constitucional limitó el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), excluyendo de su alcance a los particulares y agentes civiles con responsabilidades en el conflicto. Y comprometió seriamente su independencia, al dejarla subordinada a la Justicia ordinaria en caso de presentarse contradicciones.

 

Además, la ley reglamentaria de la JEP, que ha enfrentado obstrucciones y dilaciones en Cámara y Senado, se ha alterado con cambios como un sistema de inhabilidades para sus magistrados (que ya habían sido nombrados) con la intención de excluir a los defensores de derechos humanos.

 

Ante esta situación, la bancada de Voces de Paz señaló que “la JEP que se está aprobando no es la que se pactó en La Habana” y se retiró del debate que se desarrollaba en la Cámara, donde faltan por aprobar varios de sus artículos, teniendo pendiente además la conciliación del texto definitivo, requisitos que tendrían que cursarse la próxima semana, antes de que venza el “fast track” el 30 de noviembre.

 

¿Hacer trizas el acuerdo?

 

Esta situación se ha generado por la conducta de algunas bancadas, que en principio hacían parte de la Unidad Nacional y de la Coalición por la Paz, pero que ahora parecen empeñadas en hacer trizas el acuerdo (intención planteada por un líder de la extrema derecha). Entre ellas, Cambio Radical, que si bien se retiró del oficialismo, ostenta la Presidencia de la Cámara, desde donde se pusieron varias trabas al acuerdo. Pero también parlamentarios conservadores, liberales y de La U, que con ausentismo y otras maniobras entorpecieron el procedimiento legislativo especial.

 

A este lamentable estado de la implementación normativa se le agrega la negligencia del propio Ejecutivo. “La debilidad del gobierno en el Congreso es protuberante. Se mueve entre la permisión del manoseo y la resignación”, resume el profesor Estrada. 

 

Por esta serie de hechos, algunos analistas y líderes políticos han denunciado el riesgo de que se presente un caso de perfidia, es decir, un engaño por parte de las instituciones del Estado colombiano para dejar de cumplir los acuerdos.

 

El presidente Juan Manuel Santos había calificado esta legislatura como “el Congreso de la paz”. Pero con su gestión, los actuales parlamentarios están muy lejos de ese título. Sólo se rescatan algunas pocas dignas actuaciones en defensa irrestricta de lo acordado.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

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