¿Quién es el responsable del aumento de los cultivos de coca?

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El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señaló que hubo un aumento a 146 mil hectáreas en la producción de cultivos de uso ilícito durante el 2016 en Colombia, cifra más alta desde que este organismo realiza monitoreo satelital. 

Las imágenes satelitales de este organismo internacional muestran un crecimiento de la producción de coca concentrado en sólo 10 municipios: Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca), Valle del Guamuez (Putumayo), Miraflores (Guaviare), Orito (Putumayo), Puerto Rico (Meta), El Retorno (Guaviare) y San José del Guaviare.  

Ante este aumento en la producción de hoja de coca en el país, los enemigos del proceso de paz inmediatamente advirtieron a la opinión pública que esto era resultado del Acuerdo con las Farc, pues el Gobierno había sido complaciente con la guerrilla y decidió suspender las fumigaciones con glifosato y la erradicación en los territorios.

Sin embargo, no es responsabilidad de la guerrilla que se haya incrementado la producción, ni tampoco es culpa del proceso de paz. Hace falta mayor contundencia del Estado, que aun cuando reconoció estas cifras, no ha sido efectivo en la lucha contra los grupos armados que azotan las regiones y disputan los corredores del narcotráfico.

Una vez firmado el Acuerdo con las Farc, el Estado redujo las operaciones del Ejército en las zonas ocupadas por la guerrilla lo que condujo a una ocupación inmediata, de estos territorios, por grupos al margen de la ley; todo esto devengó en un aumento significativo de los cultivos.

Por un lado se evidenció el vacío institucional en las regiones y por el otro, el poder que ejercía la guerrilla. Este panorama obliga al Gobierno a fortalecer la estrategia de control de los corredores de movilidad frecuentados por las estructuras criminales del país. 

La apuesta del Gobierno debe seguir siendo la sustitución de cultivos que contempla una serie de beneficios para los campesinos cuya única fuente de ingreso es el cultivo de hoja de coca para que los sustituyan por cultivos productivos; sin embargo, para que esto ocurra el Estado se comprometió tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, a darles incentivos y beneficios de manutención a las familias mientras el cultivo rinde fruto. Esto todavía debe implementarse.

Por otro lado, el Gobierno sostiene que con sus políticas de erradicación forzosa acabarían con 50.000 hectáreas en 2017, un método que sólo provoca violencia y la fuerte reacción del campesinado.

Mientras que la implementación del Acuerdo sea dilatada y los planes de sustitución no se pongan en marcha, se seguirán repitiendo episodios de violencia en los territorios donde la erradicación abusiva y desarticulada dista mucho de políticas públicas eficientes que permitan a los campesinos abandonar la actividad ilícita.

Si los acuerdos en materia de sustitución se implementan a fondo, no solo se beneficiarán los territorios históricos donde ha cultivado la coca, sino que el país entero experimentará las virtudes de una nueva etapa, en la que la institucionalidad reemplazará a la ilegalidad; los territorios marginados por décadas se incorporarán al desarrollo nacional, en armonía con la Colombia nueva que ha de surgir tras la superación definitiva del conflicto armado.

Como si lo anterior fuera poco, la comunidad internacional también podrá obtener réditos de una sustitución exitosa de los cultivos de coca al ver radicalmente disminuida la oferta de cocaína en el mercado internacional.

 

Oficina de Prensa Marcha Patriótica

 

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