La Política de Defensa y Seguridad, el Plan de Acción Oportuna y las Zonas Futuro, son la expresión de la continuidad de la política de militarización y guerra total del Gobierno Colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque; quien centra su discurso, en el narcotráfico y la minería ilegal como las causas de la violencia socio política del país. A la luz de los hechos y los resultados, la ministra del interior: Alicia Arango, ha aceptado que están haciendo las cosas mal, al manifestar que “los resultados que hemos tenido para proteger a la población no son óptimos y son preocupantes”, siendo este, un balance autocritico que demuestra el error en la identificación del problema, sus causas y desde luego, la política implementada.

Las causas directas de esta crisis humanitaria son estructurales y se centran en disputas de poderes políticos y económicos legales e ilegales; disputas que solo podrían ser impactadas, en el corto plazo, con el avance de la implementación de los Acuerdos de Paz, dándole paso a nuevas formas de gobernanza y dinámicas sociales enriquecidas. Hoy, reiteramos nuestro razonamiento básico: Para solucionar un efecto nocivo es condición resolver las causas que lo originan.

Los grandes intereses políticos y económicos no son ajenos a aquellos derivados de la ubicación geoestratégica de vastas regiones del país, como en el caso de la cadena productiva del narcotráfico, que requiere de territorios para los cultivos de uso ilícito, los laboratorios para su transformación y las rutas para su trasporte y comercialización. Todos estos intereses tienen en común grandes fuerzas económicas que permiten su desarrollo, las cuales chocan con las dinámicas de producción de pequeña y mediana escala características de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que buscan proteger su cultura y garantizar la soberanía alimentaria.

De la misma manera, la confluencia de factores como la ausencia integral institucional, la marginalidad, la inequitativa concentración de la tierra, el alto nivel de necesidades básicas insatisfechas y la falta de conectividad, contrastan con los intereses económicos legales materializados en los proyectos minero energéticos e hidroeléctricos, de inter conexión vial, de producción agroindustrial y de biodiversidad e ilegales como el narcotráfico y la corrupción.

El Acuerdo Final de Paz constituye un mandato que, a través de diversos Actos Legislativos y Sentencias de la Corte Constitucional, ha adquirido rango constitucional. Particularmente el inciso 2 del artículo 1° del Acto Legislativo 02 de 2017, obliga y compromete al Estado con la implementación efectiva de los Acuerdos bajo los principios de la “buena fe” y la “progresividad”.

Informe Completo:

http://www.reddhfic.org/images/pdfs/ie.%20vulneracin%20a%20los%20dh%20erradicacin%20forzada%20de%20cui.pdf?fbclid=IwAR14OrHxU8Op5Li2nasgzgY8nXjshHql_P_g2N-lchqg_NGEmoY8D04Njfw

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