La emergencia que representa la pandemia COVID-19 en nuestro país nos convoca como sociedad a implementar medidas efectivas para preservar la vida y garantizar condiciones dignas para todos los habitantes del campo y la ciudad.

Desde sus experiencias organizativas y solidarias, las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescedientes están llevando a cabo valiosos esfuerzos encaminados al cuidado integral de las comunidades y a evitar la propagación del virus en sus territorios.

Teniendo en cuenta las difíciles condiciones económicas y sociales que por años han afectado los territorios, para las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes no es viable interrumpir las dinámicas económicas que les permiten garantizar su sustento diario y cumplir con la cuarentena y aislamiento obligatorio; en este sentido, se requiere implementar medidas diferenciadas, coordinadas y concertadas entre los gobiernos locales y las comunidades.

Buscando mejorar sus condiciones de vida, comunidades y organizaciones sociales en diferentes partes del territorio nacional comprometidas con la implementación integral del Acuerdo de Paz, y en especial con el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, suscribieron acuerdos colectivos e individuales con el Estado colombiano en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) contenido en los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz de La Habana.

En contravía de los acuerdos de sustitución suscritos con las comunidades en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), en municipios de Antioquia, Caquetá, Cauca, Córdoba Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Putumayo se incrementan operativos de erradicación forzada. Dichos operativos no cuentan con planes de emergencia humanitaria y mucho menos con un protocolo de seguridad frente al COVID-19, poniendo en altísimo riesgo la integridad de los habitantes de estos municipios.

Al imponer una política antidroga centrada en las erradicaciones violentas, el incremento de fuerza pública en los territorios, y buscando retomar la aspersión aérea de glifosato; el gobierno nacional le apuesta a la continuidad de una política obsoleta que desde el año 2000 ha demostrado ineficiencia para resolver el problema de las drogas ilícitas en el país y ha puesto en riesgo la seguridad e integridad de las comunidades rurales.

Finalmente, rechazamos de manera categórica el asesinato del compañero Alejandro Carvajal, hecho que ocurrió en el marco de un operativo de erradicación forzada el día 26 de marzo en el municipio de Sardinata en Norte de Santander. Igualmente rechazamos la persecución y hostigamiento sistemático a los líderes sociales comprometidos con la implementación integral del Acuerdo de Paz de La Habana y con la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad a la familia, parientes y allegados del compañero Alejandro Carvajal.

Por lo anterior, le exigimos al gobierno nacional:

1. La investigación y esclarecimiento por parte de las autoridades e instituciones competentes de los hechos que llevaron a la muerte de Alejandro Carvajal.

2. Suspender todos los operativos de erradicación forzada.

3. Cumplir con la Implementación integral y efectiva del Acuerdo de Paz de La Habana.

4. El cumplimiento y financiación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

5. Suspender los procesos de extinción de dominio a las familias y personas que suscribieron acuerdos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

6. Garantías para la protesta social y la resolución democrática y dialogada de los conflictos sociales que se presentan en los diferentes territorios de nuestro país.

COORDINACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

MARCHA PATRIÓTICA

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Comunicación Comunicados Le exigimos al gobierno nacional el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS)