Bogotá, D.C, 15 de agosto de 2018

Sr. Iván Duque.
Presidente.
República de Colombia.
Ciudad

Distinguido Presidente.

Las organizaciones sociales que hacemos parte del Consejo Permanente de Dirección, instancia creada a partir del Decreto Ley 896 de 2017 y reglamentada por Decreto 362 de 2018, en el marco de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, nos dirigimos a usted con el propósito de manifestarle algunas consideraciones que surgieron posterior a la instalación de este espacio.

Luego de un ejercicio de balance en el que se contemplaron aspectos relacionados con el proceso de implementación del PNIS así como el impacto que este ha tenido en las comunidades, la situación de derechos humanos de los pequeños cultivadores y las posibles soluciones a las dificultades que se han presentado en el marco de la implementación del mismo, le queremos manifestar que:

1. Las organizaciones sociales que hacemos parte de esta instancia respaldamos en su integralidad el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, pues consideramos que en él se pactaron los elementos mínimos requeridos para superar las causas estructurales que desataron el conflicto armado en Colombia, entre ellas la disparidad social, la distribución inequitativa de la tierra, la corrupción y la exclusión generada a partir de la inversión desigual del gasto público en los territorios. Este conflicto se ha agudizado los últimos años y factores como el narcotráfico los han profundizado, por lo que para nosotros resulta importante manifestarle que vemos con buenos ojos el PNIS, queremos que continúe y consideramos que ha contribuido a la reconciliación nacional, que si el programa se implementa tal y como lo define el punto cuatro (4), las comunidades rurales podrán por fin realizar el tránsito a otro tipo economías lícitas, basadas en procesos productivos agrícolas que cuenten con las garantías mínimas de transformación, comercialización y compras públicas de sus productos, que permitan la recuperación de la vocación agrícola de nuestros campos y comunidades, estableciendo una relación armónica entre el campo y la ciudad a partir de ejercicios de soberanía alimentaria.

2. Las comunidades representadas en nuestras organizaciones tienen presencia en más del 90% de territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; ellas han manifestado voluntad de sustitución y están comprometidas con el programa, han promovido la sustitución voluntaria y han participado en los escenarios de concertación y planeación del PNIS municipal, regional y nacional. Sin embargo, este compromiso ha generado una crisis humanitaria en nuestros territorios, ya que nuestras organizaciones y líderes se convirtieron en victimas de amenazas, hostigamientos y asesinatos sistemáticos; de este último, tenemos un registro de 37 víctimas líderes de Coccam, 4 de Confecomunales, 1 del CNA y 66 pertenecientes a grupos étnicos desde la firma del acuerdo. Estas cifras ponen en gran riesgo la implementación del programa pues la ausencia de garantías, la militarización de los territorios y la ineficiente respuesta del Estado ante los hechos ocurridos generan sistematicidad en los mismos y, finalmente, que las comunidades teman vincularse al programa. Consideramos, de acuerdo a ello, que es urgente definir un plan de protección para las familias y en los territorios en los que se ha manifestado voluntad de sustitución, poniendo en marcha el Decreto 660 de 2018, por medio del cual se crea y reglamenta el programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

3. Resaltamos la importancia y el impacto que ha tenido el PNIS sobre las familias que se acogieron. La Dirección de Sustitución de Cultivos de uso ilícito nos informó que a la fecha hay 14 departamentos con 124.745 familias involucradas en acuerdos colectivos de sustitución voluntaria, que de ellas 77.659 ya firmaron acuerdos individuales y 47.910 ya sustituyeron sus cultivos. Estas cifras reflejan la esperanza de miles de familias que están a la espera de que su gobierno ponga en marcha los Planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo – PISDA, aquellos por medio de los cuales se adelantarán los proyectos productivos y permitirán una verdadera reconversión económica en los territorios. Es por esto que lo invitamos a que se comprometa a implementar de manera integral este programa, que adelante lo antes posible un plan de gestión y financiación del PNIS, ponga en marcha las obras de infraestructura social de ejecución rápida, inicie la implementación del componente de sostenibilidad y de recuperación ambiental, el plan de formalización de la propiedad, los Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población, que implementen el PNIS en los Parques nacionales y que se dé inicio lo antes posible a los programas de prevención del consumo y salud pública.

Sobre este punto, consideramos fundamental que por parte del gobierno nacional se activen mecanismos institucionales de articulación y coordinación en todos los niveles territoriales y sobre todo aquellos que permitan la armonización entre el punto uno (1) y cuatro (4) del acuerdo de paz; así mismo, que se tenga en cuenta que el acuerdo también incluyó un capitulo étnico, el cual busca salvaguardar los derechos territoriales de los pueblos étnicos, razón por la cual y considerando que casi 30% de cultivos de uso ilícito se encuentra en territorios étnicos, es de carácter urgente la implementación de este capítulo en el marco del PNIS y el cumplimiento del convenio 169 de la OIT,

4. Dado lo anterior, el incremento de los cultivos de uso ilícito no es responsabilidad de las familias que se han acogido al programa o han manifestado voluntad de sustitución pues esta problemática se ha incrementado por el recurrente abandono del Estado, las políticas represivas del mismo y el incremento de grupos armados que han llegado a nuestros territorios. Es por ello que lo invitamos nuevamente a que se comprometa a combatir las redes de narcotráfico, lavado de activos y los precursores químicos, pues este flagelo no se resuelve con una institucionalidad agresiva, que de tratamiento de guerra a las comunidades por medio de la militarización de los territorios, las erradicaciones forzadas y las fumigaciones con drones, que en ninguna medida dan garantías para permanecer en los territorios, ni resuelven el conflicto social y, por el contrario, genera impactos mucho más negativos sobre la pervivencia de la comunidades y los territorios. ¡NINGÚN AGENTE QUÍMICO Y REPRESIVO SOBRE NUESTROS TERRITORIOS, NINGUNO!

5. Para finalizar queremos que, al igual que los demás miembros de esta instancia, se comprometa a desarrollar la siguiente agenda con nosotros: Vinculación de Recolectores al PNIS; Medidas para menores de edad vinculados a los cultivos de uso ilícito; Sisben como medida para definir beneficiarios; Asambleas comunitarias en PNIS; Plan de contingencia para familias que no alcanzarán a empalmar la asistencia alimentaria con los proyectos productivos; Cronogramas para la conformación de instancias regionales; Vinculación y protocolo para zonas aisladas, de difícil acceso y con baja concentración de población; Conflictos territoriales e interculturales; Implementación de PNIS en Parques Nacionales, zonas reservas forestales y recuperación ambiental en áreas degradadas; Reevaluación de zonas a priorizar; Construcción de una ruta étnica para PNIS; Financiación del PNIS; Mecanismos de articulación y comunicación en PNIS; Derechos Humanos: Asesinatos, amenazas y garantías de seguridad, vinculación de agentes del Estado con el asesinato a líderes, protocolos territoriales de seguridad, Guardias Campesinas, indígenas y cimarrónas, Presencia del ejército en lugares de implementación; Tratamiento Penal Diferencial a pequeños cultivadores; Articulación Pisda-Pdet.

C.c.a: Países Garantes: Cuba y Noruega.

Cordialmente,

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia – ANUC, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, Confederación Nacional de Acción Comunal – CONFECOMUNAL, Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes – CONAFRO, Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas – CONPI, Coordinador Nacional Agrario – CNA, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO, Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC.

Pin It on Pinterest

Share This
Comunicación, Noticias Organizaciones sociales radican carta al Presidente Duque