La Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica denuncia y rechaza, la persecución y violencia sistemática que se han desencadenado en el curso de los últimos meses en contra de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos, cuya lucha por la justicia social y la construcción de un país que proteja los derechos y el bienestar de sus comunidades, ha conllevado a la pérdida de más de 445 vidas humanas en el transcurso de los últimos dos años (enero de 2016 – julio de 2018).

Desde nuestra constitución como Movimiento Político y Social, han sido asesinados 169 compañeros y compañeras de Marcha Patriótica, sin que el Estado Colombiano tome las medidas necesarias para frenar esta grave situación y sancionar a los responsables de estos hechos. Ello nos motivó a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, instancia que profirió Resolución 030 del 5 de mayo de 2018, por la cual decidió otorgar las medidas cautelares a 389 miembros de Marcha Patriótica tras el estudio de los casos de persecución y asesinatos de nuestros integrantes. Con esta decisión, le solicitó al Estado adoptar medidas que protegieran la vida e integridad de los líderes de Marcha, concertar con el movimiento las medidas a implementar e investigar los hechos que llevaron a esta decisión, es decir, el origen de las amenazas y asesinatos, para evitar que ocurrieran más casos[1].

No obstante, desde que fueron aprobadas dichas medidas, durante los últimos dos meses, 5 de nuestros compañeros han sido asesinados: IBER ANTONIO ANGULO ZAMORA, en Buenaventura, Valle del Cauca, CARLOS JIMMY PRADO GALLARDO, en Olaya Herrera, Nariño, HECTOR SANTIAGO ANTELIZ en Teorama, Norte de Santander e IVAN DE JESUS LAZARO MAZO, en Puerto libertador Córdoba y LUIS EDUARDO DAGUA CONDA, en Caloto, Cauca. Adicionalmente, beneficiarios y beneficiarias de las medidas, han sido amenazados y en un caso se ha presentado el robo de información sensible: LILIA PEÑA, en Barrancabermeja, Santander, FRANCY ELENA RESTREPO MANQUILLO, en Corinto, Cauca, YURI SIRLENY QUINTERO, en Puerto Asís, Putumayo, CRISTOBAL GUAMANGA, en Miranda, Cauca, HECTOR MARINO CARABALI CHARRUPI, en Buenos Aires, Cauca, a lo que se suman las amenazas en contra de los integrantes de Marcha en su conjunto en Cauca y Valle del Cauca y a nivel Nacional.

A lo anterior se suma la reciente desaparición forzada de nuestro compañero IBES TRUJILLO, en Suarez Cauca y el atentado de que fue objeto nuestro compañero OLGER ANTONIO PEREZ QUINTERO en Ocaña Norte de Santander.

El fortalecimiento y reemergencia del paramilitarismo y la consolidación de los GAO y GDO en diversas regiones del país, se constituyen como las mayores amenazas para la paz con justicia social, por lo que las prácticas institucionales del gobierno colombiano que permiten la total impunidad, la justificación y estigmatización de los líderes sociales asesinados y la continuidad de este fenómeno son inaceptables. El escandaloso incremento de violaciones a los Derechos Humanos contra la vida de líderes y militantes de los movimientos sociales colombianos es un pésimo vaticinio para un país que le apostó a la construcción de la paz, y exige del Estado mayores y más contundentes acciones que envíen un mensaje efectivo para todos los colombianos y que materialicen las obligaciones contraídas antes instancias internacionales.

Convocamos a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse y rechazar masivamente esta nueva oleada de exterminio y violencia sociopolítica en Colombia.

Exhortamos a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, al Relator para Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Segunda Misión de la ONU y a todas las organizaciones de Derechos Humanos a tomar las medidas y acciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y comprometerse con las garantías de participación política y respeto a la vida de quienes le apuestan cotidianamente a un país más justo y equitativo.

Exigimos al Gobierno Nacional y las autoridades competentes resultados inmediatos que den con la identificación y sanción de responsables, la detención y desmantelamiento de las estructuras paramilitares culpables los crímenes contra el pueblo colombiano.

Exigimos al Estado Colombiano iniciar de forma INMEDIATA la ruta de concertación de las medidas cautelares otorgadas mediante Resolución 30 del 5 de mayo de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos

Coordinación Social y Política Marcha Patriótica

 

[1] Periodico el Espectador, 18 de mayo de 2018. En: https://colombia2020.elespectador.com/pais/cidh-otorga-medidas-cautelares-para-la-proteccion-de-miembros-de-marcha-patriotica

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Comunicación, Comunicados, Portada Que cese la violencia sociopolítica contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos