La fase más agresiva e irracional de los imperios
es cuando entran en decadencia.
Atilio Borón

 

Tal como lo hizo en Colombia en su accionar bélico incesante contra las FARC-EP, Estados Unidos apunta a despolitizar el conflicto con Venezuela ante la ausencia de razones objetivas para sostener el asedio y el bloqueo. Entre tanto, Colombia desvaría en su rumbo diplomático, con una línea de victimización y auto flagelación como política exterior, similar a una pataleta caprichosa común en los pleitos personales, aunque apegada al sistema internacional, y aplaude que Estados Unidos recurra a las reglas no convencionales del lejano oeste[1], poniendo recompensas por la cabeza de quienes considera villanos.

La verdadera ruta del narcotráfico

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), Colombia exportó en 2019 unas 1.200 toneladas de cocaína[2], mientras que éste mismo organismo ni siquiera registra a Venezuela. El mismo Donald Trump en marzo de 2019, un mes después de la visita de Iván Duque con su cuerpo diplomático a Washington, dijo que el presidente de Colombia “es un buen tipo, pero no ha hecho nada por nosotros”[3]. Dicha actitud extorsiva operó como justificación para que el gobernante uribista avanzara a contramano de lo firmado en el Acuerdo Final de Paz en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito y reforma rural integral. Por un lado, avanzó en la militarización de las regiones donde el campesinado – sin alternativas devenidas de políticas públicas efectivas – concentra el cultivo de hoja de coca y en consecuencia intervino con la erradicación forzada y atropellando los mecanismos de concertación con las comunidades, elevando estrepitosamente el presupuesto destinado a sustitución de cultivos a 100 mil millones de pesos[4]. Como otra medida contraria al Acuerdo de Paz y lesiva para naturaleza y la salud de las comunidades, el gobierno reactivó la fumigación con glifosato a pesar del rechazo de las comunidades, organizaciones sociales y partidos, así como de organismos internacionales entre ellos la ONU. No siendo suficiente, EE. UU. aprobó un presupuesto de 240,2 millones de dólares[5] solamente para programas antinarcóticos y equipamiento militar en 2019. ¿Si el problema de las drogas está en Venezuela, para qué sigue derrochando dinero en Colombia?

¿Por qué si existen datos fehacientes de quiénes y en qué proporciones trafican drogas ilícitas en Colombia, superando muy ampliamente a lo que suponen sale por Venezuela es ésta última el foco del problema? ¿qué hay de los vínculos recientemente revelados entre el narcotraficante “Ñeñe” Hernández y el oficialismo colombiano?

De la Venezuela socialista al “narco-chavismo”: el cambio de perspectiva

El gobierno de Estados Unidos demuestra un irrespeto constante ante los acuerdos internacionales y actúa como un violador serial de la soberanía de los pueblos. Aunque se presenta como un promotor de la “democracia y el mundo libre”, utiliza su potencia económica y su fuerza militar para doblegar a quienes no participan obedientemente de sus aventuras o no comparten su visión del mundo, como en el caso de Cuba, Irán o Venezuela. Su recurso más común es el bloqueo económico y las sanciones comerciales que restringen a los pueblos, el acceso a bienes y servicios esenciales para su subsistencia, pero si éstas vías son resistidas queda un as bajo la manga: el “narco-terrorismo”.

Desde que, en marzo de 2015, bajo el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos declaró a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” ha producido un deterioro en las condiciones de vida del pueblo venezolano con un costo económico astronómico, motivado por los inmensos recursos que el país posee[6]. Los esfuerzos por apropiarse de tales recursos no han escatimado en generar manifestaciones violentas con el auspicio de organizaciones como la National Democracy for Endowment (NED) y agencias estatales como la United States Agency for International Development (USAID). Nada de democrático se extrae de esa actitud, por el contrario, se evidencia el desarrollo de una guerra híbrida que el bravo pueblo de Bolívar ha resistido con lo que materialmente posee y con una valentía y moral inconmensurables.

El más reciente episodio de la saga de injerencias de EE. UU. en Venezuela apunta explícitamente a un grupo de personas del gobierno, entre ellas el presidente Nicolás Maduro. Con un estruendoso anuncio emitido por el Departamento de Justicia, el Fiscal General de ese país, William Barr “develó” una organización criminal dirigida por el líder del gobierno bolivariano que incluye al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, al Ministro de Defensa, el Vicepresidente para la Producción y el Superintendente de Criptomonedas, entre otros miembros de la fuerza pública retirados y ex-funcionarios de otras áreas[7].

¿Qué pretende EE. UU. al incriminar al gobierno de Venezuela en actividades de narcotráfico y qué alances tiene la “recompensa” por capturarles? Toda la acusación se monta sobre la doctrina del 11 de septiembre de 2001, acontecimiento que EE. UU. utilizó para tomar una actitud ofensiva frente al mundo, pero en particular, para desatar una “guerra infinita” sin fronteras contra el “terrorismo”. El anterior ha sido el marco con LA cual ha ejecutado invasiones en Oriente Medio y sin ir más lejos, ha patrocinado la guerra en nuestro país con el rótulo de Plan Colombia. El narcotráfico ha sido el mejor pretexto para desatar una feroz persecución política contra sus oponentes, una reedición de la Guerra Fría anticomunista, así lo dejan entrever con la mención de “pruebas” sobre el tráfico de drogas de los negociadores de paz de las entonces FARC-EP durante los diálogos en La Habana; un disparo en regadera que aspira a deslegitimar lo acordado y validar su incumplimiento con el acompañamiento de medios de prensa carentes de rigor investigativo, y que despojados de todo sentido de soberanía, claman extradición a los cuatro vientos ¿por qué el Estado colombiano debe ceder la administración de justicia a otro?.

EE.UU., desesperado por recomponer su hegemonía mundial

Toda esta operación transcurre, mientras la potencia norteamericana se convierte vertiginosamente en el epicentro de la pandemia del coronavirus COVID-19, que ha agudizado el desorden mundial donde EE. UU. intenta recomponer su hegemonía, sin tener éxito. El COVID-19 ha puesto al descubierto la vulnerabilidad que padecen millones de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses por cuenta de un sistema de salud plenamente privatizado, sobre el cual Donald Trump, quien está en carrera por la reelección, se dispone a sacrificar miles de personas. Más allá de su extravagancia, Trump ha reconfigurado la maquinaria industrial con un singular pragmatismo ganando un impensado favoritismo en un sector de su sociedad, que a pesar de la escasa participación electoral en los EE. UU. (55%) fue suficiente para afincar la victoria republicana.

Entre las últimas acciones de EE. UU. se destacan, en primer lugar, la presentación el 31 de marzo de un plan denominado “marco para la transición democrática en Venezuela”[8] basado en un Consejo de Estado con cinco (5) miembros de los partidos de oposición y el oficialismo, excluyendo al presidente Nicolás Maduro y al diputado Juan Guiado. La renuncia a la postulación de éste último como legítimo representante de los intereses del pueblo venezolano, evidencia el fracaso de EEUU en los esfuerzos por derrocar al gobierno, por lo tanto, recurre con prepotencia a un nuevo plan transgrediendo la soberanía de una nación y pasando por encima de las decisiones legítimas de su pueblo usando mecanismos extorsivos como el levantamiento de sanciones, que han sido impuestas injustificadamente e incluyeron la apropiación de riquezas del sector petrolero venezolano. Un segundo hecho, es el despliegue militar anunciado por Donald Trump el 1 de abril como una medida de “aumento de los esfuerzos antinarcóticos en el área de responsabilidad del Comando Sur”[9], un acto amenazante y desesperado que reaviva la incertidumbre sobre los alcances de la estrategia estadounidense en su menguante liderazgo mundial. Aunque los datos del mismo gobierno colombiano sean esclarecedores sobre la concentración geográfica y las rutas de circulación de la cocaína hacia el pacífico, lastimosamente su grado de subordinación y compromiso con EE. UU., así como el de las élites conservadoras del continente, harán un flaco favor contra el pueblo hermano de Venezuela al validar una andanada de atropellos y focalizarán la atención en acciones inocuas para solucionar el problema de las drogas ilícitas.

Nuestro llamado es a invocar el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la no intervención en las decisiones políticas en Venezuela, donde el actual gobierno y las fuerzas representativas de la oposición, transitan la puesta en marcha de acuerdos que han restablecido la Asamblea Nacional y buscan renovar sus representantes para desandar la vía extraordinaria que constitucionalmente invocó el presidente Nicolás Maduro en 2017. El movimiento social y popular colombiano ha acompañado al hermano pueblo de Venezuela rechazando la guerra y denunciando la complicidad de los gobernantes de Colombia para saquear sus recursos, a cuenta de solventar la irremediable crisis energética que padecemos, fruto del extractivismo voraz del neoliberalismo que agoniza en la frustración del pueblo. Seguiremos cabalgando con el Libertador hacia un horizonte mejor: por la autodeterminación, la paz y contra el neoliberalismo.

Oficina de Relaciones Internacionales
Marcha Patriótica

 

 

[1]Disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/anuncio-fiscalia-general-estados-unidos

[2]Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/

[3]Disponible en: https://www.semana.com/opinion/articulo/posicion-de-duque-a-senalamientos-de-trump–columna-de-jeremy-mcdermott/608055

[4] En agosto de 2018 se contaba con una capacidad de tan solo 23 Grupos Móviles de Erradicación, que comprometían $21 mil millones de presupuesto nacional. Hoy el Gobierno del Presidente Duque ha aumentado la capacidad a 100 grupos móviles de erradicación, que le cuestan al presupuesto nacional $100 mil millones de pesos. Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190329-Comunicado-de-prensa-del-Ministerio-de-Relaciones-Exteriores.aspx, https://www.celag.org/guerra-infinita-eeuu-y-las-drogas-en-colombia/

[5]Disponible en: Durante una visita a EE. UU. en febrero, Duque dijo que Colombia había logrado un récord en la erradicación forzada alcanzando 40.000 hectáreas en seis meses, lo que implicó un incremento en el gasto público de 21 mil millones a 100 mil millones de pesos (aproximadamente de 7 millones a 33 millones de dólares).[4] No obstante, según UNODC la producción, especialmente de cocaína, ha ido en alza, pues si bien las hectáreas cultivadas disminuyeron entre 2017 y 2018 de 171.000 a 169.000, se estima que el rendimiento fue mayor en el último año, pasando de 1.058 tm. a 1.120 tm.[5]. http://securityassistance.org/data/program/military/Colombia/2019/2020/all/Global//

[6]Disponible en: https://www.celag.org/las-consecuencias-economicas-del-boicot-venezuela/

[7]Disponible en: https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[8]Disponible en: https://translations.state.gov/2020/03/31/marco-para-la-transicion-democratica-de-venezuela/

[9]Disponible en: https://twitter.com/Southcom/status/1245482173248999424

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Internacional Venezuela ahora debe resistir a la doctrina del “narcoterrorismo”